El Centro Nacional de Memoria Histórica, encargado de reconocer, dinamizar, divulgar y preservar los procesos de construcción de memoria histórica y de esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado, en su informe Hasta Encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia, define la desaparición forzada como “La combinación de privación de libertad de las víctimas, sustracción de esta del amparo legal y ocultamiento de información sobre su paradero, en que pueden ser responsables tanto los Estados nacionales, como los grupos armados ilegales que la incorporan a su repertorio en el marco de su actividad criminal”.

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El primer caso formalmente registrado de desaparición forzada en Colombia ocurrió el 9 de septiembre de 1977 en la ciudad de Barranquilla. La bacterióloga Omaira Montoya, quien era militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue capturada y desaparecida. Las investigaciones hechas por la Procuraduría determinaron a cuatro funcionarios de la fuerza pública como responsables.

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En 1984, ante la ejecución programática de la conducta por parte del Estado y la impunidad en la que estaban sumidos los diferentes casos, los familiares de los desaparecidos fundaron la Asociación de Familiares de Detenidos - Desaparecidos ASFADDES. En ese mismo año, el Estado Colombiano fue acusado internacionalmente por 17 casos de desaparición forzada. Sin embargo, las investigaciones nacionales tipificaron por entonces este delito como una modalidad de secuestro. 

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Por décadas el conflicto armado en Colombia ha propiciado un escenario privilegiado en el incremento de casos de desaparición forzada y por ende, también una diversificación de los actores señalados de ejecutarlos. Antecedente que llevó a que desde la Constitución Política Nacional de 1991 se integrará de forma explícita un abordaje a la desaparición forzada de personas. No obstante, es hasta el año 2000 que el Código Penal tipificará este delito como autónomo y pluriofensivo. 

 

El último informe de la Comisión de la Verdad registró, entre 1985 y 2016, alrededor de 121.768  casos de desaparición forzada en Colombia. Este, al ser un delito pluriofensivo, viola múltiples derechos a múltiples personas, en tanto que no solo hace referencia a  los derechos del desaparecido, sino también a los de sus familiares y allegados que, según su grado de consanguinidad o cercanía con la víctima directa, pueden verse afectados de distintas formas. 

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El carácter del delito y las memorias desatadas por el trauma crean diversos procesos en los familiares y allegados de las víctimas, tales como: la presencia permanente del sufrimiento, la incertidumbre, impotencia, tristeza, angustia e indolencia por falta de respuesta estatal. Así, los familiares y allegados se ven obligados a continuar con su vida cotidiana, habitando la ciudad y desplazándose por la misma con la incertidumbre permanente sobre el paradero de su familiar o allegado. —Transitando en muchos casos en la misma ciudad y en el mismo hogar de la persona desaparecida—, con lo cual, deben lidiar  con el duelo ante la ausencia y los impactos que ella implica en sus propias trayectorias de vida.